Como cada año salimos a las calles de Córdoba a denunciar el incumplimiento de los derechos de lxs usurixs que atraviesan un consumo problemático de drogas y a exigir la plena vigencia de la Ley de Salud Mental.
Es urgente una modificación de la Ley 23.737 de Tenencia y tráfico de estupefacientes. En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia, por medio del Fallo Arriolla declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal, a diez años aún se continúa persiguiendo a lxs consumidorxs, especialmente a lxs jóvenes pobres y divergencias sexo genéricas. Especialmente entre 2016 y 2018 se iniciaron 30.185 causas por “tenencia simple o para consumo” o por el cultivo, siembra o guarda de semillas. El Estado Nacional, a través del Ministerio Público Fiscal, gastó aproximadamente 2.400 millones de pesos en esas causas, que podría invertir en generar dispositivos preventivos comunitarios, sostenibles y con recursos.
Por otro lado, es ésta misma ley la que viola el derecho de toda persona que tiene un problema con el consumo de drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención, entrando en clara contradicción con la Ley de Salud Mental y la Ley de derechos del paciente, y promueve los tratamientos como una pena y no como un derecho, abordando una cuestión de Salud Pública desde una mirada punitivista.
La Ley 23.737 ingresa en lo penal lo que es una cuestión de Salud Integral, por lo tanto exigimos que la respuesta a aquellos consumos que sean considerados problemáticos partan de políticas públicas de Salud, con la Ley de salud Mental como marco, no de políticas públicas represivas, discriminatorias y criminalizantes hacia lxs usuarixs.
Creemos que gran parte de las problemáticas de salud asociadas a los consumos en los barrios pobres se vincula con la oferta desmedida y el patrullaje sobre lxs usuarixs que ejercen las fuerzas de seguridad, bajo la connivencia de los poderes del Estado.
Denunciamos que el Estado también es cómplice cuando genera MUROS para el acceso a los tratamientos, cuando no invierte en políticas públicas que promuevan el acceso y sostenimiento a los mismos o se niega a complementar sus servicios con organizaciones civiles y la comunidad atentando contra el derecho de lxs usuarixs a elegir donde asistir. MUROS al no escuchar a las comunidades y valorar sus formas de organización, MUROS al pensar en una salud adaptativa asentada en la relación patologización–medicalización-institucionalización-judicialización; es decir el modelo biomédico en su máxima expresión y expansión. MUROS simbólicos que actúan como barreras económicas, culturales, geográficas que impiden el acceso y la permanencia a dispositivos de salud que respondan a las necesidades reales de lxs usuarixs. MUROS que siguen pensando los tratamientos hacia adentro de las instituciones y dispositivos sin generar vínculos y acompañamientos comunitarios.
FRENTE A LOS MUROS Y EL ABANDONO PUENTES HACIA LA COMUNIDAD!