Desde la Asociación Civil Programa del Sol, denunciamos que el día 17 de Abril del corriente año se nos notificó la rescisión del Convenio de trabajo que manteníamos con la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones y se nos instó al“cese inmediato de todas aquellas actividades que se hubieren comenzado a ejecutar con motivo del mencionado convenio”.
Desde septiembre del año 2017 Programa del Sol Asociación Civil mantenía un “Convenio específico de cooperación y asistencia técnica con la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud” de la Provincia de Córdoba a cargo del Secretario Darío Gigena Parker. El mismo se celebró de acuerdo a la creación “Programa Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba” mediante Decreto Provincial 1754/2016[1]. Nuestras acciones se enmarcaron en el “Programa de Prevención Territorial”, dependiente de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones a cargo del subsecretario Pablo Martin Bonino, y requirieron el sostenimiento de trabajo en territorio en dos comunidades, por un lado con Espacios de Primera Escucha por situaciones relacionadas con el consumo de drogas, y por el otro con Talleres de Prevención Inespecífica (en nuestro caso orientados a jóvenes, niñes y mujeres respectivamente). Dichas tareas se llevaron a cabo en Barrios Estación Flores, Villa Adela y Yapeyú de la ciudad de Córdoba.
Aunque el cese del convenio no lo explicita, esto sucede casualmente a posterior de nuestra decisión de no participar en la campaña de vacunación que se estaba organizando desde el Ministerio de Salud, ya que no se garantizaban los elementos de protección INDISPENSABLES para la pandemia que estamos atravesando, el objetivo de nuestra participación no estaba claro (ya que no poseemos las herramientas o los conocimientos específicos), ni se respetaban las condiciones de nuestro convenio. Por otro lado, y no menos importante, había situaciones particulares de integrantes del equipo que solicitamos sean tenidas en cuenta (cuestiones de salud, madres a cargo de hijes menores, posibilidad de resultar doble vector de contagio por realizar tareas en Bower, etc.) La respuesta fué que no se contemplarían particularidades, y qué más allá del objetivo de nuestro convenio, la «orden» era realizar la Campaña. Como institución no participamos porque decidimos priorizar la salud de nuestrxs compañerxs y las comunidades con quienes trabajamos evitando una circulación innecesaria.
Esto implica, por un lado que cinco compañerxs de nuestra institución que conformaban el equipo que realizaba las tareas de acompañamiento y prevención en Barrio Yapeyú queden sin trabajo, en un contexto social y económico complejo marcado por la pandemia de la COVID-19. Es necesario recordar que desde Nación se ha instado a sostener las fuentes laborales en todos los ámbitos a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020[2]. Específicamente, los Artículos 2° y 3° prohíben los despidos y suspensiones sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días.
Por otro lado se cortan de manera abrupta los procesos de trabajo que se vienen sosteniendo en los barrios desde hace dos años y medio, lo que implica desconocer derechos de ésta población en situación de vulnerabilidad, que en éste contexto de crisis de salud, económica y social ve diezmado (nuevamente…) su derecho al acceso a la salud mental, desconociendo también la necesidad de abordajes con base territorial como lo reconoce la Ley de Salud Mental N° 26.657.
En éste momento los problemas asociados al consumo de drogas se complejizan e intensifican por lo que son imprescindible los acompañamientos individuales, familiares y comunitarios.
El trabajo en Red con otrxs nos ha permitido alojar y orientar demandas de necesidades básicas de las comunidades y también acompañar situaciones que se agravan en contextos de aislamiento (no sólo las relacionadas con los consumos problemáticos, también otras necesidades básicas como el acceso a medicamentos, pañales, violencia de género, etc.). Esos acompañamientos también se ven coartados con ésta determinación.
Entendemos, por lo tanto, que es una decisión violenta, arbitraria y descontextualizada, que no tiene en cuenta nada de lo expuesto anteriormente.
Repudiamos la baja de nuestro convenio como así también las desvinculaciones de otrxs trabajadorxs de la Subsecretaría en estos últimos días, que se suma a la situación general de precarización que vienen sufriendo compañerxs trabajadores de la salud.
Creemos que esto responde a la misma decisión política de recorte de otros Programas ocurridas recientemente como Por mí, Pilas, PIT, PPP, y el vaciamiento de Equipos de Salud mental, como el caso de Villa el Libertador y el Equipo de Salud Mental de Villa General Belgrano y el Hospital de Santa María de Punilla
Por todo lo mencionado anteriormente es que, además de expresar nuestra preocupación, exigimos que el Gobierno Provincial acabe con sus políticas de vaciamiento y recortes. Necesitamos urgentemente que se reconozcan todas estas problemáticas como propias de la salud pública y se garantice la accesibilidad a derechos humanos fundamentales de toda la población.
[1] Decreto Provincial 1754/2016, con la finalidad de aunar esfuerzos y la debida cooperación entre los gobiernos local, provincial y nacional, con el objeto de lograr una atención integral de los problemas derivados del consumo de drogas y en consonancia con el Decreto Provincial 384/17 de adhesión al Decreto Nacional Nº 1249/2016 de declaración de emergencia en materia de adicciones.
[2] Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 DECNU-2020-329-APN-PTE – “Prohibición despidos: “nos encontramos en emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. (…) Ésta crisis excepcional conlleva la necesidad de adoptar medidas asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta situación de emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población.